Nació en 1976
Alcides José Bracho Vivas es profesor venezolano de química, artista plástico, dirigente sindical de la Federación Venezolana de Maestros y miembro del partido político de oposición Bandera Roja. Durante 2022 apoyó activamente las manifestaciones nacionales contra el instructivo salarial de la ONAPRE, el cual redujo significativamente los salarios y beneficios laborales del sector público. Su participación en protestas laborales pacíficas y su defensa de los derechos de los docentes lo convirtieron en un objetivo visible de la represión estatal. El 4 de julio de 2022, mientras cuidaba a sus hijos en su vivienda ubicada en El Junquito, Caracas, fue detenido arbitrariamente por funcionarios fuertemente armados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes ingresaron a su residencia sin presentar órdenes de allanamiento ni de detención. Durante el operativo, su familia fue amenazada y fueron incautados equipos electrónicos y pertenencias personales. Bracho fue inicialmente recluido en la sede de la PNB en La Quebradita, donde permaneció esposado a una reja metálica durante aproximadamente 48 horas, privado de alimentación adecuada, sin acceso a instalaciones sanitarias y sometido a tratos crueles y degradantes. Posteriormente fue trasladado al centro de detención de la PNB en Boleíta y recluido en la celda conocida como «El Tigrito», caracterizada por un hacinamiento extremo que impide a los detenidos acostarse y por condiciones insalubres. Más tarde fue trasladado al centro de detención de La Yaguara, donde permaneció mientras enfrentaba cargos bajo la legislación antiterrorista venezolana. Su proceso penal estuvo marcado por continuos retrasos, con audiencias aplazadas en múltiples oportunidades, impidiendo que el caso llegara a una sentencia definitiva. En agosto de 2023, un tribunal especial con competencia en terrorismo condenó a Bracho y a otros cinco dirigentes sindicales y políticos a 16 años de prisión, decisión ampliamente condenada por las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y organizaciones venezolanas de derechos humanos como un ejemplo de la criminalización de la actividad sindical y de la disidencia pacífica. Tras una sostenida presión nacional e internacional, Bracho fue liberado en diciembre de 2023 como parte de un acuerdo entre el gobierno venezolano y la oposición política. Aunque recuperó su libertad, organizaciones de derechos humanos continúan sosteniendo que su detención, procesamiento y encarcelamiento fueron arbitrarios y que las violaciones cometidas en su contra no han sido reparadas.