Nació en 1982

José Javier Tarazona Sánchez es profesor universitario, defensor de derechos humanos y director de la ONG FundaREDES, una organización que documentó la presencia de grupos armados irregulares y violaciones de derechos humanos en las regiones fronterizas de Venezuela. El 2 de julio de 2021, tras denunciar ante el Ministerio Público en Coro, estado Falcón, el hostigamiento por parte de agentes de seguridad del Estado, fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), junto con los también activistas de FundaREDES Rafael Tarazona y Omar de Dios García. Durante más de 30 horas, sus familiares y abogados fueron privados de información sobre su paradero, constituyendo un período de desaparición forzada. Posteriormente fue presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo sin acceso a un abogado de su elección y acusado de terrorismo, traición a la patria e instigación al odio. Aunque el tribunal ordenó inicialmente su traslado a otro centro de detención, permaneció recluido en El Helicoide, donde denunció haber sido sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Investigaciones independientes documentaron denuncias según las cuales permaneció en aislamiento prolongado, fue privado de condiciones adecuadas de detención y sometido a abusos físicos y actos de coacción destinados a obtener declaraciones autoincriminatorias. Su proceso judicial estuvo marcado por repetidos retrasos y suspensiones, con audiencias preliminares aplazadas en numerosas ocasiones y un juicio interrumpido y reiniciado reiteradamente sin que se dictara una sentencia definitiva. Tras 1.675 días de detención, Tarazona fue liberado el 1 de febrero de 2026 como parte de un proceso más amplio de excarcelación de presos políticos en Venezuela. A pesar de su liberación, organizaciones nacionales e internacionales continúan sosteniendo que su detención fue arbitraria y que los responsables de las violaciones cometidas en su contra no han rendido cuentas.

Nació en 1976

Alcides José Bracho Vivas es profesor venezolano de química, artista plástico, dirigente sindical de la Federación Venezolana de Maestros y miembro del partido político de oposición Bandera Roja. Durante 2022 apoyó activamente las manifestaciones nacionales contra el instructivo salarial de la ONAPRE, el cual redujo significativamente los salarios y beneficios laborales del sector público. Su participación en protestas laborales pacíficas y su defensa de los derechos de los docentes lo convirtieron en un objetivo visible de la represión estatal. El 4 de julio de 2022, mientras cuidaba a sus hijos en su vivienda ubicada en El Junquito, Caracas, fue detenido arbitrariamente por funcionarios fuertemente armados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes ingresaron a su residencia sin presentar órdenes de allanamiento ni de detención. Durante el operativo, su familia fue amenazada y fueron incautados equipos electrónicos y pertenencias personales. Bracho fue inicialmente recluido en la sede de la PNB en La Quebradita, donde permaneció esposado a una reja metálica durante aproximadamente 48 horas, privado de alimentación adecuada, sin acceso a instalaciones sanitarias y sometido a tratos crueles y degradantes. Posteriormente fue trasladado al centro de detención de la PNB en Boleíta y recluido en la celda conocida como «El Tigrito», caracterizada por un hacinamiento extremo que impide a los detenidos acostarse y por condiciones insalubres. Más tarde fue trasladado al centro de detención de La Yaguara, donde permaneció mientras enfrentaba cargos bajo la legislación antiterrorista venezolana. Su proceso penal estuvo marcado por continuos retrasos, con audiencias aplazadas en múltiples oportunidades, impidiendo que el caso llegara a una sentencia definitiva. En agosto de 2023, un tribunal especial con competencia en terrorismo condenó a Bracho y a otros cinco dirigentes sindicales y políticos a 16 años de prisión, decisión ampliamente condenada por las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y organizaciones venezolanas de derechos humanos como un ejemplo de la criminalización de la actividad sindical y de la disidencia pacífica. Tras una sostenida presión nacional e internacional, Bracho fue liberado en diciembre de 2023 como parte de un acuerdo entre el gobierno venezolano y la oposición política. Aunque recuperó su libertad, organizaciones de derechos humanos continúan sosteniendo que su detención, procesamiento y encarcelamiento fueron arbitrarios y que las violaciones cometidas en su contra no han sido reparadas.

Nació en 1984

Jonatan Palacios es arquitecto, defensor de los derechos de los animales, activista ambiental y fundador de la organización FundaBolívar, dedicada al rescate y protección de animales abandonados. El 16 de febrero de 2021, fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) después de publicar en redes sociales una fotografía del fiscal general Tarek William Saab, mientras exigía justicia por la muerte de sus familiares y empleados, quienes habían sido asesinados el 14 de enero de 2021. Posteriormente fue acusado del delito de instigación al odio y permaneció en prisión preventiva a pesar de las reiteradas solicitudes de libertad presentadas en su favor. Durante su reclusión en el Centro Penitenciario de Occidente II (Prisión de Santa Ana), en el estado Táchira, su estado de salud se deterioró significativamente y, según se denunció, las órdenes judiciales que autorizaban evaluaciones médicas especializadas no fueron ejecutadas. En septiembre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la Medida Cautelar No. 308-23 a su favor tras determinar que enfrentaba una situación grave y urgente de riesgo para su vida, integridad personal y salud debido a la falta de atención médica adecuada durante su detención. Su proceso penal estuvo marcado por prolongados retrasos y su caso se convirtió en un ejemplo emblemático del uso del derecho penal para sancionar la expresión pacífica en redes sociales. Después de permanecer detenido durante más de dos años y medio, fue liberado en septiembre de 2023, aunque las organizaciones de derechos humanos continuaron denunciando el carácter arbitrario de su detención y procesamiento.

Nació en 1973

Eduardo José Henríquez Pernía es capitán retirado de la Guardia Nacional de Venezuela y abogado. El 7 de enero de 2020, fue detenido arbitrariamente en las afueras de su residencia por presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Su familia no fue informada sobre su paradero durante aproximadamente 48 horas, lo que constituyó un período de desaparición forzada. Posteriormente fue presentado ante un tribunal militar y acusado de rebelión militar, siendo posteriormente procesado por traición a la patria e instigación a la rebelión. Durante los primeros meses de su detención permaneció recluido en la sede de la DGCIM en Boleíta, donde denunció haber sido sometido a torturas severas, incluidos abusos físicos, violencia sexual, golpizas prolongadas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Como consecuencia de estas torturas sufrió lesiones graves, entre ellas una dislocación del hombro y lesiones en la cabeza y los genitales, por las cuales en repetidas ocasiones se le negó atención médica especializada. En abril de 2020 fue trasladado al Centro Nacional para Procesados Militares (CENAPROMIL), ubicado en la prisión de Ramo Verde, donde permaneció en detención prolongada y en períodos de aislamiento mientras su proceso judicial sufría continuos retrasos. En mayo de 2023, tras permanecer más de tres años privado de libertad, aceptó responsabilidad por el delito de instigación a la rebelión mediante un procedimiento negociado y fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión, pena que ya había cumplido en exceso al momento de su excarcelación. Tras recuperar su libertad el 30 de mayo de 2023, denunció que seguía enfrentando restricciones debido a que su orden de captura permanecía activa en las bases de datos de los organismos de seguridad del Estado, lo que le impedía vivir libremente pese a haber cumplido su condena.

Nació en 1977

Darwin Antonio Solís Benítez es agricultor y exsargento primero de la reserva del Ejército venezolano. El 6 de agosto de 2017, tras el asalto al Fuerte Paramacay, en Naguanagua, estado Carabobo, fue detenido arbitrariamente por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Las autoridades lo acusaron de participar en el ataque y le imputaron los delitos de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de armas militares. Tras su detención permaneció recluido en la sede de la DGCIM en Boleíta, donde ha denunciado de manera constante haber sido sometido a torturas severas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos golpes reiterados, asfixia y actos de coacción para obligarlo a firmar documentos sin permitirle leer su contenido. Su esposa, Silvia Marisol Benítez, ha acompañado el caso desde el inicio de su detención, denunciando públicamente las presuntas torturas, las condiciones de reclusión y los reiterados retrasos judiciales que han prolongado su privación de libertad. Posteriormente fue trasladado al Centro Nacional para Procesados Militares (CENAPROMIL), en la prisión de Ramo Verde, donde permaneció durante más de cuatro años, antes de ser trasladado al centro penitenciario Rodeo II y posteriormente al Centro de Formación del Hombre Nuevo «Libertador», en el estado Carabobo. Durante estos años, Silvia ha continuado exigiendo su libertad y el respeto a sus garantías judiciales, mientras el proceso penal ha estado caracterizado por una prolongada prisión preventiva y reiterados retrasos judiciales, con audiencias suspendidas y un juicio reiniciado en múltiples ocasiones durante varios años.

48 años

Franklin José Brito Rodríguez fue biólogo y agricultor, y se convirtió en una de las víctimas más emblemáticas de la persecución política en Venezuela tras denunciar la expropiación de las tierras de su familia y exigir la restitución de sus derechos de propiedad.Después de años de gestiones judiciales sin éxito, realizó varias huelgas de hambre para protestar contra las actuaciones de las autoridades venezolanas. El 23 de diciembre de 2009, mientras llevaba a cabo una huelga de hambre frente a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Caracas, fue retirado por la fuerza por funcionarios del Estado y trasladado contra su voluntad al Hospital Militar «Dr. Carlos Arvelo». Durante su internamiento permaneció bajo custodia permanente del Estado y fue sometido a intervenciones médicas involuntarias, pese a manifestar reiteradamente su negativa a recibir tratamiento. Tras más de ocho meses de hospitalización, Franklin Brito falleció el 30 de agosto de 2010 como consecuencia de las complicaciones derivadas de su prolongada huelga de hambre. Su muerte generó una amplia condena nacional e internacional, y organizaciones de derechos humanos cuestionaron la legalidad de su hospitalización forzada, las restricciones impuestas a su libertad personal y la actuación del Estado en su caso. Más de una década después, su muerte continúa simbolizando las consecuencias de la persecución contra ciudadanos que desafiaron pacíficamente a las autoridades estatales, mientras ningún funcionario ha rendido cuentas por las violaciones relacionadas con su detención y fallecimiento.

Nació en 1988

Carlos Germán Debiais García es un fotógrafo y creador audiovisual de Punto Fijo, estado Falcón. El 12 de noviembre de 2021, fue detenido arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Dirección de Seguridad Industrial (DSI) de Petróleos de Venezuela (PDVSA) mientras fotografiaba y operaba un dron cerca del mirador de la Bahía de Amuay, en el complejo petrolero de Judibana, en la península de Paraguaná. Las autoridades lo acusaron de delitos relacionados con el espionaje tras alegar que había tomado imágenes de infraestructura estratégica, a pesar de que su familia sostuvo que se dedicaba a la fotografía con fines profesionales y artísticos. Tras su arresto, permaneció en detención preventiva mientras su caso era manejado bajo cargos de seguridad nacional. Organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de prensa expresaron su preocupación por su enjuiciamiento, señalando que la criminalización de fotografiar espacios públicos e instalaciones estratégicas se ha convertido en parte de un patrón más amplio de restricciones a la libertad de expresión y al uso de leyes de seguridad nacional contra civiles. Sus procedimientos judiciales estuvieron marcados por prolongados retrasos y permaneció privado de libertad durante un período prolongado antes de que su caso avanzara en los tribunales.

20 años

Elvis Adonis Montilla Pérez era estudiante de medicina veterinaria en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM). Durante las vacaciones universitarias, viajaba a Barinas para alojarse con familiares. El 22 de mayo de 2017, participó en una manifestación pacífica en la avenida Los Llanos, cerca del complejo residencial Palma de Oro en Barinas. Cuando llegaron las fuerzas de seguridad y se produjeron disparos, Elvis intentó refugiarse en el complejo residencial cercano. Antes de lograr entrar, recibió un disparo en el pecho y falleció a consecuencia de las heridas. Testigos señalaron al presunto autor del disparo como miembro de la Policía del Estado Barinas, mientras que otros informes oficiales e internacionales documentaron que murió por arma de fuego durante la violenta represión de la manifestación. El Ministerio Público inició una investigación sobre el homicidio, pero, según su familia y organizaciones de derechos humanos, el caso ha permanecido prácticamente estancado desde 2017. Su madre, María Antonia Pérez Ruiz, ha seguido intentando acceder al expediente de la investigación y buscando justicia para su hijo; años después, denunció que aún no se le había facilitado una copia del expediente ni se le había dado una respuesta judicial efectiva. Más de ocho años después de su muerte, nadie ha rendido cuentas, y su caso sigue siendo emblemático de la impunidad que rodea las muertes ocurridas durante las protestas de 2017.

26 años

Naomi Gabriela Arnaudez Ramos es una abogada, activista por los derechos de las mujeres y defensora de los derechos humanos venezolana. En la mañana del 23 de mayo de 2025, agentes no identificados de los cuerpos de seguridad del Estado irrumpieron en su domicilio en Caracas y la detuvieron arbitrariamente, sin presentar una orden judicial. Tras su arresto, fue víctima de desaparición forzada durante varios días, periodo en el cual su familia no pudo obtener información oficial sobre su paradero o estado. Posteriormente, las autoridades la vincularon con el denominado caso «Nodos» —junto a decenas de líderes políticos, activistas y miembros de la sociedad civil—, acusándola de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración con un gobierno extranjero y traición a la patria. Su familia, sus representantes legales y diversas organizaciones de derechos humanos rechazaron las acusaciones, argumentando que estas criminalizaban su legítima labor en defensa de los derechos civiles y políticos. Naomi permaneció privada de libertad durante más de 300 días antes de ser liberada en febrero de 2026. A lo largo de su detención, organizaciones nacionales e internacionales exigieron el respeto a sus garantías de debido proceso y su liberación inmediata. Aunque recuperó su libertad física, su caso sigue siendo emblemático del uso de detenciones arbitrarias y procesos penales por motivos políticos contra defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil en Venezuela.

25 años

Kennedy Fernando Tejeda Jiménez es un abogado y defensor de derechos humanos venezolano que fue detenido arbitrariamente el 2 de agosto de 2024, mientras intentaba brindar asistencia jurídica a personas arrestadas tras las protestas postelectorales en Venezuela. Tras recibir informes sobre detenciones arbitrarias en Bejuma, estado Carabobo, se dirigió al comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Montalbán para obtener información sobre los detenidos y la fecha de sus audiencias judiciales. En lugar de permitírsele ejercer su labor profesional, fue arrestado por funcionarios de seguridad, quienes, según se informó, lo acusaron de ser un «defensor de guarimberos» y lo trataron como presunto cómplice de los detenidos. Permaneció recluido aproximadamente un mes en Valencia antes de ser trasladado a la prisión de Tocorón, donde continuó privado de libertad durante varios meses. Organizaciones de derechos humanos denunciaron su detención como una represalia por el ejercicio legítimo de su profesión y su labor en defensa de los derechos fundamentales. Tras cerca de diez meses de reclusión, fue puesto en libertad bajo medidas cautelares, aunque el proceso penal en su contra siguió su curso. Su caso se ha convertido en un símbolo de la criminalización de abogados y defensores de derechos humanos que buscaron asistir a víctimas de detenciones arbitrarias durante la represión postelectoral en Venezuela.

Manuel Edelio Mora Hernández fue detenido arbitrariamente por motivos políticos y sometido a desaparición forzada, tortura y privación prolongada de libertad. Tras su arresto, se desconoció su paradero durante 22 días, periodo en el cual su familia no pudo obtener información sobre su estado o ubicación. Durante su detención, denunció haber sufrido tortura física y psicológica, mientras que sus familiares fueron amenazados y objeto de intimidación. Permaneció encarcelado durante aproximadamente once meses bajo un proceso judicial que su familia y organizaciones de derechos humanos han calificado de arbitrario. Después de pasar más de cinco meses en el centro de detención de la PNB en la Zona 7 de Caracas sin ser presentado con prontitud ante un tribunal competente, Manuel fue trasladado a Valencia, en el estado de Carabobo, y durante un tiempo se volvió a desconocer su paradero. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el traslado como un nuevo episodio de desaparición forzada y alertaron sobre el deterioro de su salud, informando que se encontraba recluido en celdas subterráneas en condiciones inhumanas y sin atención médica adecuada, a pesar de padecer problemas respiratorios, enfermedades crónicas y fuertes dolores en el pecho. Aunque posteriormente fue puesto en libertad, sigue sujeto a medidas judiciales restrictivas, incluida la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales de Caracas, al tiempo que continúa temiendo por su seguridad y la de su familia. Su caso refleja el uso de la detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y las restricciones judiciales prolongadas contra personas percibidas como opositoras políticas en Venezuela.

Juan Freites se desempeñó como jefe de la campaña «Con Venezuela» en La Guaira (anteriormente Vargas) durante las elecciones presidenciales de 2024. El 23 de enero de 2024, fue detenido arbitrariamente en su domicilio por agentes de seguridad del Estado, sin orden judicial, como parte de un operativo nacional dirigido contra miembros de la campaña opositora. Tras su arresto, su familia no pudo determinar su paradero durante aproximadamente un mes, periodo en el que permaneció en situación de desaparición forzada. Posteriormente, las autoridades lo acusaron de participar en el denominado caso «Brazalete Blanco», acusaciones que sus familiares, representantes legales y organizaciones de derechos humanos han rechazado sistemáticamente por considerarlas motivadas políticamente. Juan permaneció encarcelado más de dos años en El Helicoide, donde sufrió una privación de libertad prolongada mientras su familia hacía campaña públicamente por su liberación. Durante su detención, su madre regresó a Venezuela para acompañarlo, mientras que sus hermanas —en particular Melanie Freites— colaboraron con organizaciones de derechos humanos y la campaña «Con Venezuela» para denunciar su caso y abogar por la libertad de todos los presos políticos. El 22 de febrero de 2026, fue puesto en libertad en virtud de la Ley de Amnistía. Su caso se ha convertido en un símbolo de la criminalización de la participación política y de los trabajadores de campañas opositoras en Venezuela.

Lourdes Coromoto Villarreal García es una docente, dirigente sindical y activista de derechos humanos venezolana. En la mañana del 22 de mayo de 2025, mientras salía de su domicilio en la parroquia La Pastora de Caracas junto a su hija, fue interceptada por hombres no identificados que la obligaron a subir a un vehículo y se la llevaron sin identificarse ni presentar una orden judicial. Su familia quedó sin información sobre su paradero, lo que llevó a organizaciones de derechos humanos a denunciar su caso como una desaparición forzada. Antes de su detención, Lourdes había defendido públicamente los derechos laborales del profesorado, exigido mejores condiciones de trabajo y salarios, y participado en campañas que reclamaban la liberación de presos políticos. Asimismo, había respaldado los llamados de sectores de la oposición democrática de cara a las elecciones de mayo de 2025. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que su detención tenía motivaciones políticas y exigieron su liberación inmediata, subrayando que su activismo y el ejercicio de sus libertades fundamentales nunca debieron ser criminalizados. Tras meses de detención arbitraria, Lourdes fue liberada, pero su caso sigue siendo emblemático de la persecución contra docentes, dirigentes sindicales y activistas de la sociedad civil en Venezuela.

Edward Alirio Ocariz Medina es un líder comunitario y activista político venezolano que fue detenido arbitrariamente el 2 de agosto de 2024, durante la ola de represión que siguió a las elecciones presidenciales de Venezuela. Agentes de seguridad del Estado irrumpieron en su domicilio sin presentar una orden judicial y lo detuvieron frente a su familia. Tras su detención, sus familiares desconocieron su paradero durante varias horas, lo que generó temores de una desaparición forzada. Fue puesto a disposición judicial una vez vencidos los plazos legales establecidos por la legislación venezolana y, según sus familiares y representantes legales, se le negó la posibilidad de designar un abogado particular o de acceder al expediente del caso. Durante su reclusión, denunció haber sido objeto de maltrato psicológico y haber permanecido en condiciones que le privaron de atención médica adecuada, agua potable, saneamiento y alimentación suficiente. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la falta de debido proceso y sostuvieron que los cargos en su contra carecían de fundamento fáctico y jurídico. Tras varios meses detenido, Edward fue puesto en libertad bajo medidas judiciales restrictivas; sin embargo, su caso sigue siendo emblemático de la detención arbitraria y la criminalización de ciudadanos a raíz de las protestas postelectorales de 2024.

19 años

Jeancarlos Rivas es un joven dirigente político y activista venezolano, integrante de Voluntad Popular en el estado La Guaira. El 14 de junio de 2024, cuando tenía 19 años, fue detenido arbitrariamente por funcionarios de seguridad dentro de su residencia ubicada en el estado La Guaira, luego de participar en actividades políticas de promoción del voto de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Posteriormente fue acusado por los delitos de instigación al odio y asociación para delinquir, señalamientos que su familia, sus representantes y organizaciones de derechos humanos rechazaron al considerar que criminalizaban su participación política y juvenil. Durante su reclusión permaneció privado de libertad en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas. Organizaciones nacionales e internacionales denunciaron su caso como parte de una política de persecución contra jóvenes activistas, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones opositoras. Tras permanecer aproximadamente 20 meses detenido, Jeancarlos fue excarcelado en febrero de 2026, reencontrándose con su familia luego de un proceso marcado por denuncias de arbitrariedad y violaciones al debido proceso.

José Rafael Castellanos Guerrero es un activista político venezolano y coordinador de Vente Joven en el estado Lara. Fue detenido arbitrariamente el 16 de octubre de 2025 durante un operativo policial llevado a cabo en su residencia familiar en el oeste de Barquisimeto, donde las autoridades detuvieron a él, a su madre Blanca Guerrero y a su hermano Omario Castellanos, quien es periodista. Según la familia, los funcionarios ingresaron al domicilio sin presentar una orden judicial y confiscaron pertenencias personales y equipos de trabajo de Omario, incluidos su teléfono, cámara y computadora portátil. José Rafael fue acusado en relación con el llamado caso «Boicot a la Asamblea», señalamientos que su familia y defensores de derechos humanos rechazaron por considerarlos políticamente motivados. Durante su detención, se informó que él y su madre permanecieron incomunicados y enfrentaron restricciones en el acceso a representación legal y a los procedimientos judiciales. Su madre, quien padece afecciones crónicas de salud, también experimentó un deterioro en su salud mientras estuvo encarcelada debido a una atención médica inadecuada. Tras varios meses privado de libertad, José Rafael fue liberado junto con su madre el 1 de febrero de 2026, lo que permitió la reunión de la familia tras la excarcelación previa de su hermano Omario. Su caso refleja el uso de la detención arbitraria contra activistas políticos y la persecución a familiares como forma de presión contra los opositores al gobierno venezolano.

30 años

Argenis Enrique Ugueto Benítez es un comerciante y activista político venezolano que fue detenido arbitrariamente el 27 de diciembre de 2020, tras presentarse voluntariamente ante las autoridades de seguridad del Estado un día después de que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaran su domicilio sin orden judicial. Durante el operativo, los funcionarios de seguridad registraron su residencia, incautaron pertenencias personales y detuvieron temporalmente a su esposa con el fin de obligarlo a entregarse. Posteriormente, fue procesado en el marco del caso denominado «Operación Boicot a la Asamblea» y acusado de traición a la patria, asociación para delinquir y tentativa de homicidio agravado, en relación con una presunta conspiración para impedir la instalación de la Asamblea Nacional en enero de 2021. Organizaciones de derechos humanos calificaron su detención como arbitraria y denunciaron graves violaciones al debido proceso a lo largo de las actuaciones judiciales. Tras permanecer encarcelado durante más de cinco años —incluyendo periodos en el centro de detención Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)—, Argenis fue condenado a 30 años de prisión, siendo finalmente liberado el 8 de febrero de 2026. Su caso ilustra el uso prolongado de la detención arbitraria y de procesos penales por motivos políticos contra personas percibidas como opositoras al gobierno en Venezuela.

Frewill Rangel es estudiante de Derecho, defensor de derechos humanos y activista político vinculado a Voluntad Popular en el estado Lara. El 22 de mayo de 2025 fue detenido arbitrariamente en su residencia por funcionarios del Grupo de Operaciones Estratégicas y Especiales (GOES). Según su testimonio, durante el procedimiento fue sometido a interrogatorios bajo presión con el objetivo de obtener información sobre dirigentes políticos del estado Lara. Al negarse a colaborar, denunció haber sido sometido a actos de tortura, incluyendo golpes en distintas partes del cuerpo, descargas eléctricas y asfixia mecánica con una bolsa plástica. De acuerdo con su relato, los funcionarios posteriormente sustrajeron su vehículo y realizaron acciones destinadas a simular un hecho punible, incluyendo daños en paredes y la grabación de videos que habrían sido difundidos en plataformas digitales con la intención de incriminarlo. Permaneció aproximadamente 40 días incomunicado, sin contacto con sus familiares, bajo condiciones de extrema presión física y psicológica. Fue presentado ante tribunales varios días después de su detención en una audiencia realizada a puertas cerradas y sin acceso a una defensa privada, donde fue acusado de terrorismo e incitación al odio. Durante el proceso judicial denunció irregularidades y presiones para aceptar una declaración de culpabilidad. Al negarse, fue ordenada la continuación del juicio y su permanencia bajo privación de libertad. Tras permanecer recluido en el Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido de la Policía del estado Lara, Frewill Rangel fue excarcelado el 25 de febrero de 2026 mediante una orden ejecutiva, luego de meses de detención. Su caso representa las denuncias de criminalización, persecución y presuntas violaciones al debido proceso contra jóvenes activistas y defensores vinculados a organizaciones políticas opositoras en Venezuela.

Blanca Elena del Valle Guerrero es una madre y ciudadana venezolana que fue detenida arbitrariamente junto a sus dos hijos, José Rafael Castellanos Guerrero, dirigente político de Vente Joven en el estado Lara, y Omario Castellanos, periodista y estudiante de Comunicación Social. El 16 de octubre de 2025, funcionarios de seguridad irrumpieron en su residencia familiar ubicada en Barquisimeto, estado Lara, sin presentar una orden judicial, causando daños materiales en la vivienda y confiscando bienes personales, dinero y herramientas de trabajo pertenecientes a sus hijos. Tras la detención, Blanca y sus hijos fueron trasladados a centros de reclusión distintos. Blanca fue recluida en el centro conocido como La Crisálida, mientras sus hijos fueron enviados a otros centros penitenciarios. Durante aproximadamente cuatro meses permaneció sin información suficiente sobre la situación de sus hijos, lo que generó una profunda afectación emocional y ansiedad. Durante su privación de libertad denunció condiciones inadecuadas de reclusión, incluyendo falta de atención médica, alimentación deficiente y haber tenido que dormir en el suelo durante más de un mes. Aunque no denunció haber sufrido tortura física, Blanca señaló que la separación de sus hijos y las condiciones de detención constituyeron un sufrimiento psicológico significativo. Después de meses privada de libertad, fue excarcelada el 1 de febrero de 2026 junto a su hijo José Rafael Castellanos, mientras que su otro hijo, Omario Castellanos, había sido liberado previamente el 14 de enero de 2026. Su caso refleja el impacto de la persecución política no solo sobre activistas y dirigentes, sino también sobre sus familiares, quienes han sido detenidos en procedimientos denunciados como arbitrarios.

Yandir Guanergel Loggiodice Ayala es ingeniero civil y dirigente político venezolano vinculado a sectores de la oposición democrática. Durante aproximadamente un año permaneció en la clandestinidad debido a la persecución política en su contra, hasta que fue detenido arbitrariamente el 14 de julio de 2025 en el estado Bolívar por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Según denuncias públicas, durante el operativo participaron aproximadamente 30 funcionarios, quienes irrumpieron en su residencia, causaron daños materiales, agredieron físicamente a su esposa y asesinaron a la mascota de la familia. Antes de su detención, Yandir denunció la persecución en su contra y dejó un mensaje público en el que responsabilizó al Estado venezolano por cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia. En su mensaje reafirmó su compromiso con la lucha democrática y con la defensa de la libertad en Venezuela, señalando que su persecución estaba relacionada con su participación política y apoyo a la líder opositora María Corina Machado. Su caso se suma a la persecución contra dirigentes políticos, activistas y colaboradores vinculados a sectores opositores durante el período posterior a las elecciones presidenciales de 2024. Organizaciones y dirigentes políticos denunciaron su detención como parte de un patrón de criminalización de la disidencia política en Venezuela.

47 años

Daniel Enrique Echenagucia Vallenilla, empresario venezolano-italiano de 47 años, fue detenido arbitrariamente el 2 de agosto de 2024 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en un punto de control en Valencia, estado Carabobo, sin que se le presentara una orden judicial. De acuerdo con el testimonio de su esposa, Marien Padilla, tras su detención fue sometido a desaparición forzada de corta duración, permaneciendo varias horas sin que sus familiares conocieran su paradero. Ese mismo día, agentes de la DGCIM allanaron su vivienda sin orden judicial y confiscaron documentos y equipos electrónicos. Posteriormente fue trasladado al centro de reclusión Rodeo I, donde permanece privado de libertad. Organizaciones de derechos humanos han documentado que su proceso ha estado marcado por retrasos judiciales, restricciones a la comunicación con su familia, denuncias de aislamiento, deterioro de su estado de salud y la presunta existencia de una boleta de excarcelación que no ha sido ejecutada. En junio de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor al considerar que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud enfrentan un riesgo grave e irreparable, solicitando además al Estado venezolano aclarar las razones por las cuales continúa privado de libertad.

30 años

Henryberth Emmanuel Rivas Vivas fue detenido el 5 de septiembre de 2018 en el contexto de la investigación por el presunto atentado con drones contra Nicolás Maduro. De acuerdo con el testimonio de su hermana, Hiowanka Danahi Ávila Rivas, permanece privado de libertad desde hace casi siete años y fue condenado a 30 años de prisión sin pruebas suficientes, denunciando además que fue torturado desde el momento de su detención y que continúa siendo víctima de torturas y malos tratos durante su reclusión. Ha permanecido recluido en El Helicoide, sede del SEBIN, y posteriormente en el Centro Penitenciario Rodeo I. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han documentado graves irregularidades en el denominado “caso del dron”, incluyendo denuncias de desapariciones forzadas de corta duración, confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción, retardo procesal, denuncias de tortura y condenas de hasta 30 años de prisión contra varios acusados.

22 años

José Ángel Barreno Cordones tenía 22 años cuando fue detenido el 10 de mayo de 2020. Es teniente del Ejército venezolano y fue privado de libertad por su presunta participación en la denominada Operación Gedeón. Según denunció su madre, Massiel Cordones, al momento de su detención José Ángel no portaba uniforme militar ni armamento, y fue acusado de intentar ejecutar un supuesto levantamiento contra el gobierno venezolano. Tras su detención, permaneció desaparecido durante varios meses, generando preocupación entre sus familiares. Posteriormente fue recluido en centros de detención como El Helicoide y el Centro Penitenciario El Rodeo I, donde, según los testimonios transmitidos por su madre, habría sido sometido a torturas, golpes, aislamiento y tratos crueles e inhumanos. Massiel Cordones ha denunciado que su hijo le relató haber sufrido graves abusos durante su privación de libertad y ha exigido respuestas sobre las condiciones de reclusión y el respeto a sus derechos fundamentales. Desde la detención de su hijo, Massiel ha liderado una lucha constante por su libertad y por la liberación de otros presos políticos venezolanos, denunciando públicamente las irregularidades del proceso judicial, la falta de debido proceso y las condiciones de las cárceles donde permanecen detenidos. Durante años ha acompañado a José Ángel en su proceso, viajando regularmente para visitarlo y exigir información sobre su situación. Más recientemente, se ha mantenido junto a otros familiares de presos políticos en vigilias y campamentos frente a El Rodeo I, reclamando justicia y libertad para todos los detenidos por motivos políticos. Años después de su detención, Massiel continúa denunciando que su hijo y otros presos políticos permanecen privados de libertad en procesos que considera injustos, mientras exige garantías judiciales, reparación y rendición de cuentas por las violaciones cometidas.

61 años

Nélida Sánchez, 61 años, educadora, defensora de derechos humanos y Coordinadora Nacional de Formación de la organización Súmate, fue detenida arbitrariamente el 26 de agosto de 2024 por funcionarios del SEBIN en Los Teques, estado Miranda. Según el testimonio de su hija, Daneli Gabriela Hernández Sánchez, la detención fue precedida por un operativo en el que un familiar fue retenido y obligado a comunicarles falsamente que se encontraba hospitalizado, con el fin de atraer a Nélida al Hospital Victorino Santaella, donde fue arrestada junto a su madre por al menos ocho funcionarios. Permaneció más de 72 horas en desaparición forzada en la sede del SEBIN de Los Teques antes de ser trasladada a El Helicoide el 28 de agosto de 2024, donde fue presentada con cargos de asociación para delinquir, incitación al odio, traición a la patria, terrorismo y conspiración. Su hija también denunció que, durante su reclusión, funcionarios del SEBIN amenazaron a Nélida con represalias contra ella, afirmando incluso conocer su residencia en Argentina. Organizaciones nacionales e internacionales han señalado que la detención de Sánchez estuvo vinculada a su labor de formación de miles de testigos electorales para las elecciones presidenciales de 2024 y han denunciado graves violaciones al debido proceso, incluyendo desaparición forzada de corta duración y criminalización de la defensa de los derechos políticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor en septiembre de 2024 debido al grave riesgo para sus derechos, y en febrero de 2026 fue excarcelada tras aproximadamente 18 meses de detención, aunque su proceso penal continuó abierto.

Jackson Andrés Vera, licenciado en Administración, dirigente estudiantil egresado de la Universidad de Los Andes (ULA) y activista político, fue detenido arbitrariamente el 5 de agosto de 2022 en el estado Táchira sin orden judicial. De acuerdo con el testimonio de su hermana, Fabiana Vera, permaneció desaparecido forzosamente durante cuatro días antes de que las autoridades confirmaran su paradero y posteriormente fue recluido en El Helicoide, donde permaneció cerca de cuatro años. Durante su detención denunció un prolongado retardo procesal, la inexistencia de pruebas que sustentaran las acusaciones en su contra y un grave deterioro de su salud, incluyendo problemas respiratorios por los que no recibió atención médica especializada pese a las reiteradas solicitudes de su familia. Organizaciones de derechos humanos calificaron su caso, junto con el de Ricardo Cariel, como un montaje judicial y documentaron violaciones al debido proceso. El 3 de junio de 2026 fue trasladado al centro de detención La Planta y posteriormente excarcelado, tras casi cuatro años de privación arbitraria de libertad. Su familia ha reiterado que su liberación no pone fin a las violaciones sufridas y continúa exigiendo justicia y la libertad de las demás personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

Jecson Ricardo Cariel García fue detenido arbitrariamente el 5 de agosto de 2022 en San Cristóbal, estado Táchira, sin orden judicial. Según el testimonio de su hermano, Jean Carlos Cariel García, durante el procedimiento funcionarios de seguridad le sembraron una pequeña cantidad de material explosivo para vincularlo falsamente con delitos de terrorismo. Desde entonces fue recluido en El Helicoide, donde permaneció por casi cuatro años mientras enfrentaba un proceso judicial caracterizado por reiteridos diferimientos y la ausencia de pruebas que sustentaran las acusaciones en su contra. Diversas organizaciones nacionales e internacionales calificaron el caso como un montaje judicial, denunciando violaciones al debido proceso y el uso del sistema penal para criminalizar arbitrariamente a los acusados. El 3 de junio de 2026 fue trasladado al centro de detención La Planta y posteriormente excarcelado, junto con Jackson Vera, tras casi cuatro años de detención arbitraria. Sus familiares han señalado que su liberación fue resultado de la persistente labor de denuncia realizada por familiares, organizaciones de derechos humanos, abogados y medios de comunicación, al tiempo que continúan exigiendo la libertad de las demás personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

42 años

Ebro Leonardo Delgado Briceño, 42 años, capitán retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y para el momento de su detención Gerente de Seguridad de la Refinería Cardón (CRP-PDVSA), fue detenido arbitrariamente el 28 de julio de 2022 por funcionarios del SEBIN al salir de su lugar de trabajo, sin orden judicial. Según el testimonio de su esposa, Maryoling Carolina González Morales, la detención estuvo basada únicamente en un mensaje publicado por un tercero en la red social Twitter que lo mencionaba sin aportar evidencia de su participación en hechos delictivos. Simultáneamente, agentes del SEBIN allanaron su vivienda sin autorización judicial, intimidando a sus hijos menores de edad y a familiares de avanzada edad. Tras su arresto permaneció desaparecido forzosamente durante aproximadamente 50 días, período en el cual sus familiares recorrieron distintos centros de detención sin recibir información sobre su paradero. Posteriormente se conoció que había permanecido recluido en condiciones de aislamiento extremo, en una celda sin luz natural, sometido a condiciones insalubres y con una importante pérdida de peso. Fue procesado por los delitos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir, pese a que su defensa denunció la inexistencia de pruebas materiales y múltiples irregularidades procesales, entre ellas reiterados diferimientos, la interrupción del juicio y la imposición de una condena de 30 años de prisión el 15 de abril de 2024. Desde el 4 de abril de 2024 permaneció recluido en Rodeo I, donde su familia denunció condiciones de aislamiento, restricciones severas a las visitas y la imposibilidad de despedirse de su madre antes de su fallecimiento en diciembre de 2024. En julio de 2026 fue excarcelado tras casi cuatro años de detención arbitraria, aunque organizaciones de derechos humanos señalaron que su liberación no implica el reconocimiento de las graves violaciones al debido proceso sufridas durante su encarcelamiento.

17 años

Carlos Daniel Fernández Hernández, 17 años al momento de su detención, era cadete de primer año del Batallón Leander de la Academia Militar del Ejército cuando fue detenido arbitrariamente el 6 de febrero de 2025 (según el testimonio de su madre; otras fuentes señalan el 7 de febrero de 2025) por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). De acuerdo con el relato de su madre, Ana Luisa Hernández Tillero, fue sacado por la fuerza de la Academia Militar junto con otros cadetes y permaneció en desaparición forzada durante aproximadamente once meses, período en el que su familia desconoció su paradero y no pudo comunicarse con él. Inicialmente permaneció recluido en la sede de la DGCIM en Boleíta y posteriormente fue trasladado al Internado Judicial Rodeo I. Su madre denunció que, durante su detención, Carlos fue golpeado y torturado para obligarlo a incriminar a otras personas, sufriendo lesiones en la columna producto de los malos tratos. A pesar de ser menor de edad al momento de los hechos, fue imputado por terrorismo y traición a la patria, presentado únicamente por vía telemática y mantenido privado de libertad sin que se celebrara juicio. Organizaciones y medios de comunicación han señalado que su caso forma parte de la detención masiva de cadetes vinculados sin pruebas a una supuesta conspiración contra el gobierno venezolano, denunciando graves violaciones al debido proceso, a las garantías especiales de protección de niños y adolescentes y a la prohibición de la desaparición forzada.

El teniente coronel Igbert José Marín Chaparro, oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue detenido arbitrariamente el 2 de marzo de 2018 en su lugar de trabajo, el Grupo de Caballería Motorizado “Juan Pablo Ayala”, sin orden judicial. Según el testimonio de su hermana, Ignell Marín Chaparro, permaneció desaparecido forzosamente durante siete días antes de ser presentado ante un tribunal el 9 de marzo de 2018. Posteriormente fue condenado a siete años y seis meses de prisión por el delito de instigación a la rebelión, en un proceso que su familia y diversas organizaciones de derechos humanos consideran carente de pruebas y plagado de violaciones al debido proceso. Durante su reclusión en instalaciones de la DGCIM y, desde el 19 de febrero de 2024, en Rodeo I, ha denunciado haber sido víctima de torturas, tratos crueles e inhumanos, aislamiento, restricciones a la atención médica y otras graves vulneraciones de sus derechos, llegando incluso a realizar huelgas de hambre para exigir condiciones dignas de reclusión. Aunque cumplió íntegramente su condena el 9 de septiembre de 2025, su boleta de excarcelación no fue ejecutada y continúa privado de libertad bajo un nuevo proceso penal, situación que ha sido denunciada como una prolongación arbitraria de su encarcelamiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado dos medidas cautelares a su favor, sin que el Estado venezolano haya dado cumplimiento efectivo a las mismas.

Gustavo Adolfo Hernández Barranco fue detenido arbitrariamente el 3 de mayo de 2020 en el contexto de la denominada Operación Gedeón y permaneció recluido en El Helicoide hasta el 2 de agosto de 2025, cuando fue trasladado sin previo aviso junto con otros detenidos. Según el testimonio de su sobrina, Jessica Fernanda Castro Hernández, desde ese traslado permaneció en desaparición forzada durante más de seis meses, hasta que su familia obtuvo una primera prueba de vida el 12 de febrero de 2026, confirmándose que se encontraba recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares del Fuerte Guaicaipuro. Sus familiares denuncian que durante ese período los detenidos fueron sometidos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo alimentación apenas dos o tres veces por semana, privación de higiene durante meses, permanencia desnudos por períodos prolongados, exposición a temperaturas extremas y actos de humillación como obligarlos a introducir las manos en sus propios excrementos antes de comer. Asimismo, señalan que Gustavo, quien padece hipertensión arterial y problemas gastrointestinales, sufrió un grave deterioro de su salud debido a las condiciones de reclusión. Organizaciones de derechos humanos han documentado que los detenidos del caso Gedeón permanecieron aislados e incomunicados durante meses en el Fuerte Guaicaipuro, presentando signos de desnutrición severa, pérdida de peso y afectaciones físicas y psicológicas compatibles con denuncias de tortura y malos tratos.

43 años

Rory Daniel Branker, 43 años, periodista del medio digital La Patilla, fue detenido arbitrariamente el 20 de febrero de 2025 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) mientras se encontraba con su pareja en Caracas. Según el testimonio de su pareja, María Gabriela Lara González, tras su detención su vivienda fue allanada sin orden judicial y se incautaron equipos electrónicos. Desde ese momento permaneció en desaparición forzada durante varios meses, mientras sus familiares recorrieron distintos centros de detención sin recibir información oficial sobre su paradero. Posteriormente fue trasladado sucesivamente por dependencias de DIP Maripérez, Zona 7, la Comisaría de la PNB de San Agustín y finalmente al Centro Penitenciario de Tocorón, donde permaneció privado de libertad hasta su excarcelación el 4 de febrero de 2026. Durante su reclusión fue beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al grave riesgo para su vida e integridad personal. Aunque recuperó su libertad, continúa sometido a un régimen de presentación periódica y otras restricciones judiciales, luego de que las autoridades rechazaran su solicitud de amnistía sin una justificación pública. Organizaciones internacionales de libertad de prensa han denunciado que su caso constituye un ejemplo de la persecución penal contra periodistas independientes en Venezuela y han exigido el retiro definitivo de los cargos en su contra.

66 años

José Alberto “Mazuco” Sánchez Montiel, 66 años, exdiputado de la Asamblea Nacional y excomisario de la Policía del estado Zulia, fue detenido arbitrariamente por segunda vez el 30 de septiembre de 2024, cuando hombres vestidos de negro presuntamente pertenecientes al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) lo interceptaron en Maracaibo sin presentar una orden judicial. Según el testimonio de su asistente, Rossaly Nava, permaneció en desaparición forzada durante aproximadamente un mes, mientras sus familiares desconocían su paradero y estado de salud. Posteriormente fue recluido en el Centro Penitenciario Rodeo I, donde permaneció privado de libertad pese a padecer cáncer, hipertensión arterial, migrañas severas y secuelas de una cirugía abdominal previa, condiciones que, según sus familiares, se agravaron por la falta de atención médica adecuada durante su encarcelamiento. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que su nueva detención carecía de fundamento legal y se enmarcaba en un patrón de persecución contra dirigentes opositores. En julio de 2026 fue excarcelado tras casi dos años de reclusión arbitraria, aunque sus allegados advirtieron que recuperó la libertad con un estado de salud considerablemente deteriorado y continúan exigiendo justicia por las violaciones de derechos humanos sufridas durante su detención.

28 años

Yoiner tenía una condición especial debido a haber sufrido de parálisis cerebral infantil. No podía hablar pero de igual manera participaba en manifestaciones sociales. El 10 de abril de 2017, mientras manifestaba, fue herido por colectivos con un impacto de bala en el intercostal derecho. Quedó inválido y con una colostomía. Durante 54 días sufrió las precarias condiciones del sistema de salud venezolano hasta que el 03 de junio de 2017 falleció por falta de medicinas y precariedad séptica. Luego de cuatros (4) años el caso aún se encuentra en etapa de investigación y por esta razón no se tienen expectativas de encontrar justicia en el sistema interno venezolano.

19 años

Estudiante de 4to y 5to año de educación parasistema asesinado por colectivos el 22 de mayo de 2017 en el marco de una manifestación en el estado Barinas. El caso se encuentra en etapa de investigación y las autoridades no dan cuenta del expediente que se encuentra desaparecido desde el año 2018. Por esta razón se tienen pocas expectativas de encontrar justicia en el sistema interno venezolano.

18 años

Estudiante asesinado durante una manifestación en Palmira, estado Táchira, el 15 mayo de 2017 por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Luis recibió un impacto de bala en el tórax que le causó la muerte por shock hipovolémico. El exfuncionario WIlfredo Casanova fue sentenciado a cinco (5) años de prisión. Sin embargo, esta sentencia no se adapta ni al tipo, ni la gravedad del delito. Por lo tanto, su familia apeló la decisión del tribunal y continúan su búsqueda de justicia.

17 años

Estudiante del segundo semestre de Publicidad y Mercadeo en el IUTAR asesinado en el marco de una protesta en el distribuidor Altamira, Caracas, el 19 de junio de 2017 por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana que fue condenado el 17 de diciembre del 2020 por el Tribunal 19 de juicio a una sentencia de 12 años y 10 meses. Esta sentencia no se ajusta a los delitos de la acusación y, en este sentido, sus padres están sometiendo a apelación esta sentencia.

22 años

Estudiante de Medicina asesinado el 24 de mayo de 2017 por un impacto de bala en la cabeza mientras él y otros estudiantes luego de haber participado en una manifestación social se resguardaban en el núcleo Ciudad Bolívar de la Universidad de Oriente. Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Bolívar violentaron la autonomía universitaria y durante la represión Augusto fue asesinado. Si bien hay algunos imputados por su asesinato, el caso de Augusto se enfrenta ante retardo procesal y se tienen pocas expectativas de encontrar justicia.

22 años

Estudiante de enfermería asesinado el 22 de junio de 2017 durante una manifestación en la autopista Francisco Fajardo, en el Distrito Capital. David se encontraba frente a la base aérea militar La Carlota cuando un efectivo de las fuerzas armadas le disparó al pecho. Falleció por un shock hipovolémico debido a hemorragias internas causadas por la perforación de su corazón, hígado y pulmón. Su caso se encuentra en espera de juicio y sin esperanzas tangibles de justicia.

33 años

Joven que se desempeñaba como vendedor, asesinado el 25 de mayo de 2017 mientras participaba en una manifestación social en Barquisimeto, estado Lara. Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana le ocasionaron una herida por proyectil en la región infraclavicular que le causó la muerte. El Primer Teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, Johnnuar José Pastor Arenas fue identificado y cuatro (4) años después ningún tribunal ha ejecutado su orden de captura. Por esta razón se tienen pocas expectativas de encontrar justicia en el sistema interno venezolano.

17 años

Joven estudiante que murió por un impacto en el tórax el 07 de junio de 2017 cuando miembros de la Policía Nacional Bolivariana reprimía una manifestación social en la Avenida Francisco de Miranda en el municipio Chacao, estado Miranda. Su caso se encuentra en etapa de investigación.

56 años

Profesora de Educación Física jubilada. Juez internacional y miembro de la Federación Venezolana de Canotaje (FVC) asesinada el 11 de julio del 2017 durante una manifestación social en la urbanización Villa Colonial en El Tocuyo, edo Lara cuando un funcionario de la Policía de Lara le disparó en la cabeza. Actualmente hay un imputado, sin embargo, se encuentra bajo arresto domiciliario y a la espera de juicio.

22 años

Estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro y trabajador agrícola. Fue asesinado por funcionarios de las Fuerzas Armadas el 16 de junio de 2017 en el marco de una protesta en la Avenida Hernán Garmendia, Barquisimeto, estado Lara. Actualmente el caso se encuentra en etapa de investigación, sin embargo, los entes de las Fuerzas Armadas no prestan su colaboración con la justicia al negar información que se les ha solicitado. Sus familiares continúan buscando justicia y exigen que el expediente del caso sea enviado a la sección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía ya que, actualmente, este se encuentra asignado a la sección de Delitos Comunes.

24 años

Asistente de camarógrafo y padre asesinado el 28 de junio de 2017 por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana en el marco de una protesta en Barquisimeto, estado Lara. El caso se encuentra en etapa de investigación donde la GNB niegan la información que se les ha solicitado. La última comunicación recibida por sus familiares es que se pretende cerrar el caso. Por estas razones se tienen pocas expectativas de encontrar justicia en el sistema interno venezolano.

18 años

Estudiante de bajos recursos ejecutado extrajudicialmente el 25 de enero de 2019 en el caserío El Bosque, en El Tocuyo, estado Lara por funcionarios de la FAES. Se presume que se le ajustició por haber sido acusado de participar en una protesta frente a la residencia de la Alcaldesa Gisela Rodríguez. Miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales lo detienen y luego es encontrado muerto con un tiro en la cabeza. No hay detenidos ni imputados del FAES y sus familiares se les han negado copias de su expediente.

16 años

Estudiante del último año de Bachillerato asesinado por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana en el marco de una protesta en la Isabelica, Valencia, estado Carabobo, el 10 de julio de 2017. El mismo día en el que se graduaba. Quería estudiar filosofía y ser piloto. Su caso se encuentra en etapa de investigación por parte del Ministerio Público. Sus familiares acuden regularmente a Caracas para exigir justicia y avances en la investigación. A la fecha su caso continúa sin expectativas reales de justicia en el sistema interno venezolano.

19 años

Joven estudiante de comercio exterior asesinado durante una manifestación en Barquisimeto, estado Lara, el 07 de agosto de 2017 por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana. Eduardo recibió dos impactos de bala en una pierna: estando en el suelo los funcionarios se acercaron y le dispararon en la cabeza. Luego, los funcionarios colocaron un arma en su mano y efectuaron varios disparos con la intención de acusarlo de terrorismo. Su caso se encuentra en fase de investigación.

29 años

Mecánico automotriz detenido arbitrariamente el 18 de marzo de 2020 mientras salía de una farmacia ubicada en el Municipio El Hatillo, estado Miranda. Estuvo desaparecido durante 10 días y, cuando sus familiares pudieron verlo presentaba muestras de tortura física y psicológica: estuvo recluido en el centro “casa de los sueños” de la DGCIM hasta su traslado a la cárcel de Ramo Verde. Fue presentado ante el Tirbunal 2do de Terrorismo el 25 de febrero de 2021 y hasta la fecha se espera el juicio. Se le acusa de conspiración y asociación para delinquir.

30 años

Trabajador ejecutado extrajudicialmente el 24 de enero de 2019 por funcionarios de la FAES en el barrio Calicanto, Carora, estado Lara. Días anteriores había estado protestando por la ausencia de suministro de agua en el sector y había sido acusado de “guarimbero” por representantes del consejo comunal del sector. Hasta la fecha no hay detenidos ni imputados del FAES. Sus familiares consideran que no hay posibilidad de encontrar justicia en el sistema judicial venezolano.

28 años

Primer teniente del ejército quien se había residenciado en Bogotá, Colombia. En este país fue capturado el 11 de febrero de 2019 por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se le trasladó a Venezuela y fue entregado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Desde entonces se encuentra preso en la cárcel de Ramo Verde y es sometido a torturas por parte de funcionarios del DGCIM.

28 años

Estudiante del último semestre de Ingeniería detenido arbitrariamente el 09 de septiembre de 2020 acusado de estar involucrado con el ciudadano estadounidense supuestamente implicado en operaciones de espionaje en territorio venezolano. Fue enviado a Ramo Verde donde fue sometido a torturas y otros tratos crueles, a finales del 2021 le trasladaron al Rodeo II. Hasta la fecha las audiencias han sido diferidas.

28 años

Sostén de familia padre de dos niñas, ejecutado extrajudicialmente el 08 de abril de 2019 por funcionarios de la FAES en el sector Zajón Barrera, Barquisimeto, estado Lara. Luis Alejandro participaba activamente de las protestas y durante la mañana del día de su muerte funcionarios del FAES se encontraban en el sector interrogando a los habitantes para obtener la localización de su vivienda. En horas de la tarde se presentaron a esta, lo sacaron y le dispararon. Sus familiares alegan que su caso se encuentra en total impunidad y por esta razón no ven posible encontrar justicia en el sistema judicial venezolano.