Blanca Elena del Valle Guerrero es una madre y ciudadana venezolana que fue detenida arbitrariamente junto a sus dos hijos, José Rafael Castellanos Guerrero, dirigente político de Vente Joven en el estado Lara, y Omario Castellanos, periodista y estudiante de Comunicación Social. El 16 de octubre de 2025, funcionarios de seguridad irrumpieron en su residencia familiar ubicada en Barquisimeto, estado Lara, sin presentar una orden judicial, causando daños materiales en la vivienda y confiscando bienes personales, dinero y herramientas de trabajo pertenecientes a sus hijos. Tras la detención, Blanca y sus hijos fueron trasladados a centros de reclusión distintos. Blanca fue recluida en el centro conocido como La Crisálida, mientras sus hijos fueron enviados a otros centros penitenciarios. Durante aproximadamente cuatro meses permaneció sin información suficiente sobre la situación de sus hijos, lo que generó una profunda afectación emocional y ansiedad. Durante su privación de libertad denunció condiciones inadecuadas de reclusión, incluyendo falta de atención médica, alimentación deficiente y haber tenido que dormir en el suelo durante más de un mes. Aunque no denunció haber sufrido tortura física, Blanca señaló que la separación de sus hijos y las condiciones de detención constituyeron un sufrimiento psicológico significativo. Después de meses privada de libertad, fue excarcelada el 1 de febrero de 2026 junto a su hijo José Rafael Castellanos, mientras que su otro hijo, Omario Castellanos, había sido liberado previamente el 14 de enero de 2026. Su caso refleja el impacto de la persecución política no solo sobre activistas y dirigentes, sino también sobre sus familiares, quienes han sido detenidos en procedimientos denunciados como arbitrarios.
