El teniente coronel Igbert José Marín Chaparro, oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fue detenido arbitrariamente el 2 de marzo de 2018 en su lugar de trabajo, el Grupo de Caballería Motorizado “Juan Pablo Ayala”, sin orden judicial. Según el testimonio de su hermana, Ignell Marín Chaparro, permaneció desaparecido forzosamente durante siete días antes de ser presentado ante un tribunal el 9 de marzo de 2018. Posteriormente fue condenado a siete años y seis meses de prisión por el delito de instigación a la rebelión, en un proceso que su familia y diversas organizaciones de derechos humanos consideran carente de pruebas y plagado de violaciones al debido proceso. Durante su reclusión en instalaciones de la DGCIM y, desde el 19 de febrero de 2024, en Rodeo I, ha denunciado haber sido víctima de torturas, tratos crueles e inhumanos, aislamiento, restricciones a la atención médica y otras graves vulneraciones de sus derechos, llegando incluso a realizar huelgas de hambre para exigir condiciones dignas de reclusión. Aunque cumplió íntegramente su condena el 9 de septiembre de 2025, su boleta de excarcelación no fue ejecutada y continúa privado de libertad bajo un nuevo proceso penal, situación que ha sido denunciada como una prolongación arbitraria de su encarcelamiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado dos medidas cautelares a su favor, sin que el Estado venezolano haya dado cumplimiento efectivo a las mismas.
