Hoy hablo de ti hijo, porque aunque ya no estás físicamente, todos merecen conocerte como yo lo hice. Lucho por ti y sigo de pie para conseguir Justicia.

Daniel Alejandro Quéliz Araca

20 años

Estudiante de Derecho asesinado el 10 de abril de 2017 por funcionarios de Policarabobo en el marco de una protesta en la urbanización El Parque, ubicada en Valencia, estado Carabobo. Un año después de su muerte, su madre se suicidó. Su padre lleva adelante la búsqueda de justicia. El caso se encuentra en etapa de juicio, sin embargo, este proceso se ve retrasado constantemente. Debido a este retardo procesal injustificado se tienen pocas expectativas de encontrar justicia en el sistema interno venezolano.

Lamentablemente soy un número más dentro de una estadística que no tendría que existir, donde los padres se aferran a recuerdos que el tiempo intenta llevarse, en mi caso son memorias de mi hijo Daniel Alejandro Quéliz Araca.

Desde que nació, me hizo saber que sería muy feliz junto a él. Siempre tuvo un espíritu luchador, lo que lo hizo un gran deportista y aún mejor, un increíble amigo e hijo. Yo sabía que esa convicción y valentía lo llevarían lejos, para mí no fue ninguna sorpresa cuando me dijo que quería estudiar derecho en la Universidad Arturo Michelena del Estado Carabobo, sabía que su firme creencia en principios como la democracia y la libertad lo llevarían a cambiar un país lleno de crímen por uno mejor.

El día 10 de abril del año 2017, un grupo de vecinos decidieron protestar dentro de nuestra urbanización: con pitos y banderas, sin violencia; unos utilizando su voz, otros con ollas y cucharas como sus únicas armas. Pasadas las horas se presentó un grupo de la brigada de orden público de la Policía del Estado Carabobo, quienes al ver a los manifestantes, comenzaron a arremeter brutalmente en su contra: sacaron sus armas de fuego y comenzaron a disparar a las personas que allí se encontraban.

Mi hijo cayó al suelo luego de recibir un disparo mortal en el cuello que le produjo una muerte casi instantánea. El tiempo se detiene y es ahí donde intentas mantener el recuerdo de tu hijo en la vida, piensas en lo que pudo lograr, en los sueños que dejó por cumplir y en cómo todo esto se empieza a desvanecer luego de que un policía halara el gatillo.

Al escuchar lo que ocurrió y saber que no podía ayudar a nuestro hijo, mi cuerpo se llenaba de impotencia.

Daniel con tan solo 20 años, fue la segunda víctima a nivel nacional después de Jairo Ortiz (asesinado el día 6 de abril de 2017 en el estado Miranda). En ese momento las declaraciones del gobierno afirmaban que el módulo policial que colinda con el urbanismo estaba siendo atacado por terroristas y grupos armados. Todo esto para tratar de justificar el uso excesivo de la fuerza que fue empleada por la policía y desvirtuar el asesinato de mi hijo: para ellos era más sencillo etiquetar a mi hijo como un terrorista antes que admitir los abusos que habían cometido en contra de un joven estudiante.

En abril del 2017, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscal para el momento, Luisa Ortega Díaz, ordenó mediante la Fiscalía Nacional Nº 34 y la Fiscalía Estatal Nº 28 del estado Carabobo, abocarse de inmediato a las averiguaciones del asesinato de Daniel.

Por medio de la Unidad de Criminalística de Caracas, a las 12 horas de la muerte de Daniel al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Estado Carabobo, logró aprehender a los funcionarios policiales involucrados en el hecho, específicamente al disparador: privado de libertad desde el mismo momento de los hechos. A pesar de esto, los retrasos en el proceso eran constantes, desde el Estado había una clara intención de que este delito quedara impune.

La pérdida de nuestro único hijo nos ocasionó un inmenso vacío a mi esposa y a mí. Tan profundo fue el dolor generado que un año más tarde tomaría una nueva víctima: mi esposa.. Trece meses después de que Daniel fuese asesinado por el régimen, Glenis Araca, mi esposa, decidió quitarse la vida en nuestra casa tras luchar por mucho tiempo contra la depresión que la acompañó desde el asesinato de nuestro hijo hasta su últimos días con vida.

Aún así, luego de 4 años de retardo procesal, a pesar de que las imputaciones a seis (6) funcionarios no fueron realizadas las horas sin descanso y un sin fin de lágrimas puedo decir que el 20 de febrero de 2021 dos funcionarios de la policía de Carabobo fueron sentenciados a 26 años y 3 meses de prisión por haber asesinado a mi hijo.

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