Juan Pablo Pernalete

Desde sus doce años, Juan Pablo empezó a cuestionar todo, indagaba sobre la existencia de desigualdades e injusticias, se preguntaba la razón de que en un país tan rico hubiera personas comiendo de la basura; y de que muchos, entre esos, niños, murieran por falta de medicinas y comida.

Quizás, era porque a su corta edad ya había sido víctima de la delincuencia en tres oportunidades y había tenido que enfrentar el cáncer de su hermana María Gabriela.

Hoy, Juan Pablo y María Gabriela no están, ella falleció producto de un estado avanzado de su enfermedad luego de que su hermano fuese asesinado.

Nuestro hijo, Juan Pablo Pernalete, estudiante universitario asesinado a sus 20 años de edad, quien dedicó su vida a perseguir causas justas, era apasionado y disciplinado. Fue un atleta laureado que representó a Venezuela en Baloncesto Estudiantil en España, Chile y Argentina. Así se ganó una beca por excelencia deportiva para estudiar en la Universidad Metropolitana de Caracas. También era activista de Derechos Humanos y miembro activo de los Modelos de las Naciones Unidas en Venezuela.

Era un joven con una profunda convicción por la defensa del derecho a expresar ideas, aun cuando fueran contrarias a las suyas. Desde pequeño, a pesar de las desigualdades e injusticias, siempre creyó que Venezuela podía ser un mejor país. Sin haber conocido otro gobierno, Juan Pablo creía firmemente que nuestro país mejoraría, que se podría vivir dignamente. Él no quería irse del país que amaba, porque aquí estaba su futuro y su familia. Estaba convencido de que como venezolano tenía el derecho a manifestar y pensar diferente, a protestar y ser escuchado.

Por eso salía a manifestar, por eso luchó y perdió la vida, luego de que un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana decidiera dispararle.

El 26 de abril de 2017 Juan Pablo se encontraba protestando en Altamira cuando un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana le disparó una bomba lacrimógena directamente a su pecho: a corta distancia, como si fuese un proyectil. Impactó en el costado izquierdo y le produjo, en pocos minutos, la muerte por shock cardiogénico debido a una contusión hemorrágica por traumatismo cerrado de tórax a nivel precordial.

Cuando nos enteramos estábamos con nuestra hija María Gabriela, quien se encontraba recién operada de cáncer de hígado, comprábamos medicinas. En ese momento, empezamos a recibir llamadas telefónicas en las que nos avisaron que nuestro hijo había sido herido en las manifestaciones y nos movilizamos a Salud Chacao: cuando llegamos nos dieron la noticia de que nuestro hijo estaba muerto.

La primera respuesta del régimen venezolano fue utilizar todos los medios de comunicación del Estado para tergiversar los hechos, creando una matriz de opinión falsa para así lograr desviar las investigaciones. El Estado venezolano se burló de nosotros, en nuestras caras, alegando que la Guardia Nacional Bolivariana no se encontraba en el lugar de los hechos y que nuestro hijo fue asesinado por una pistola de perno cautivo, lo que nos generó una gran afectación emocional, psicológica y moral.

El proceso para dilucidar la verdad y la justicia se ha caracterizado por la dilación procesal. Nos enfrentamos a un sistema de justicia viciado por un régimen violador de derechos humanos cuya estrategia ha consistido en cansarnos y así mantener impunes a los responsables. Intentan ocultar la información y tergiversar los hechos en los cuales fueron asesinados cientos de jóvenes durante las manifestaciones del 2017. Nos enfrentamos a un sistema de justicia viciado que intenta que nos agotemos y desistamos en la búsqueda de la verdad.

En medio de esta lucha titánica decidimos fundar ALFAVIC Venezuela, organización integrada por padres y familiares de los jóvenes asesinados en protestas. Así, empezamos a comunicarnos; en principio queríamos lograr un apoyo emocional y acompañamiento, pero con el paso del tiempo, la organización comenzó a evolucionar para que juntos, cada familia pudiera buscar justicia para sus seres queridos y alzar la voz en contra de las violaciones de Derechos Humanos a las que fuimos sometidos.

El gobierno de forma clara ha buscado que este crimen quede impune, a pesar de haber imputado a 12 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por un delito de menor gravedad al que correspondía, aún deben individualizar y condenar al responsable.